DECLARACIÓN PÚBLICA - COLEGIO MÉDICO REGIONAL ATACAMA
Frente al recorte presupuestario anunciado para los hospitales públicos del país, el Colegio Médico Regional Atacama manifiesta su profunda preocupación por el impacto que esta medida podría tener en la red asistencial de nuestra región, especialmente considerando las brechas históricas y las dificultades estructurales que enfrenta el sistema de salud en Atacama.
Actualmente, numerosos establecimientos hospitalarios deben finalizar cada año con importantes déficits presupuestarios, iniciando el período siguiente en condiciones de endeudamiento y alta presión financiera. En este contexto, una reducción adicional de recursos podría complejizar aún más tanto la gestión clínica como administrativa de los hospitales públicos.
Asimismo, existe preocupación por el eventual impacto que este ajuste pueda tener en proyectos de inversión, mantención y reposición de equipamiento médico, elementos esenciales para garantizar una atención oportuna y segura a la población.
Las consecuencias de esta disminución presupuestaria podrían reflejarse en distintas áreas sensibles del sistema de salud. Entre ellas, el aumento de las listas de espera, que ya presentan niveles críticos; las dificultades para fortalecer la capacidad resolutiva frente a la alerta oncológica vigente; y el debilitamiento de la Atención Primaria de Salud, que históricamente ha operado con recursos limitados.
A ello se suma la creciente presión sobre los equipos de salud, quienes deberán responder a una demanda igual o mayor con menores recursos disponibles. En particular, preocupa la situación de los hospitales de la región, Hospital Regional de Copiapó, de alta complejidad y Hospital de Vallenar de mediana complejidad, cuyo funcionamiento cotidiano depende de financiamiento suficiente para garantizar continuidad asistencial, pago de servicios y atención adecuada a los pacientes.
Como Colegio Médico Regional Atacama, observamos con preocupación que, mientras se solicita al sistema de salud avanzar en la reducción de listas de espera, enfrentar la alerta oncológica y fortalecer la atención primaria, simultáneamente se impulsen medidas que disminuyen el financiamiento necesario para alcanzar dichos objetivos.
Por lo anterior, hacemos un llamado al Ministerio de Salud y al Gobierno a transparentar los alcances concretos de estas medidas y a informar de manera clara cuáles serán los mecanismos que permitirán resguardar la calidad y continuidad de la atención sanitaria en la región.
La salud pública constituye un derecho esencial para la ciudadanía y requiere políticas de financiamiento estables, responsables y acordes a las necesidades reales de la población.
